La violencia machista está en todos los rincones del país y las nuevas tecnologías han generado nuevas formas de violencia contra las mujeres y las niñas.
La discriminación que sufren las mujeres en el mundo real por razones de género, condición social, edad, origen o preferencia sexual tiene efectos multiplicadores en el mundo virtual, porque el anonimato es un cómplice cruel y sanguinario de los perpetradores de la violencia.
El año pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) levantó el Módulo sobre Ciberacoso 2022, para generar información estadística y conocer la prevalencia del ciberacoso entre las personas de 12 años que usan Internet en cualquier dispositivo.
Los resultados de la encuesta fueron apabullantes. Una de cada cinco personas usuarias de Internet en México, equivalente a 17.4 millones, vivió alguna situación de acoso cibernético durante 2022.
Las mujeres siguen siendo las principales víctimas, pues casi 10 millones de mujeres, entre 12 y 29 años, fueron amenazadas con publicar información personal y recibieron audios o videos para extorsionarlas.
En ocho de cada 10 casos, son hombres los responsables de ejercer la violencia digital contra las mujeres, a través de amenazas, intentos de extorsión, difamaciones y daños a su imagen y reputación, al compartir paquetes de fotografías de personas parcial o totalmente desnudas en redes sociales y en sitios de pornografía.
Ni siquiera el mundo del fútbol se ha librado del acoso digital. Selene Cortés, jugadora del Pachuca; Greta Espinoza, integrante del equipo Tigres; Deneva Cagigas, quien fue defensa del club Pumas; y la carismática arquera, Renata Masciarelli, son algunas de las mujeres del fútbol mexicano que han sido víctimas de agresiones online.
Los diferentes casos de la Liga Femenil MX muestran que los perpetradores de la violencia machista se disfrazan de aficionados para cometer delitos como el acoso digital, mensajes con fotografías y videos sexuales, bullying y hasta amenazas de muerte, a través de las diversas plataformas de las redes sociales. Principalmente Facebook y WhatsApp.
Hace dos años se reformaron el Código Penal Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para imponer penas de hasta seis años de cárcel a quien difunda imágenes de contenido íntimo y sexual sin consentimiento.
La llamada Ley Olimpia que castiga la violencia digital contra las mujeres ha sido incorporada en la legislación de 30 estados, pero aún falta mucho camino por andar.
Los ministerios públicos son lugares hostiles y revictimizantes; no hay sensibilidad ni respeto hacia la víctima y, en lugar de centrar la atención en los agresores, señalan a las denunciantes por la ropa que visten, los lugares y horarios que frecuentan para sus fiestas y reuniones. Empeñados en resguardar el pacto patriarcal, le cierran la puerta a la justicia.
No es de extrañar que apenas el 3.5% de las víctimas de violencia digital acude ante el Ministerio Público. La mayor parte de ellas desconfían de las autoridades, tienen temor a ser juzgadas y desconocen la ruta de la denuncia.
De acuerdo con el Informe “Justicia en trámite”, elaborado por el colectivo Luchadoras, de 652 carpetas de investigación abiertas entre 2017 y 2020 por delitos contra la intimidad sexual en los estados de Aguascalientes, Ciudad de México, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León y Zacatecas, sólo 37, es decir menos del 6% de ellas, terminaron en alguna resolución favorable para las víctimas.
Todas las mujeres del mundo tenemos derecho a vivir en un ambiente libre de violencia, incluso en los espacios digitales.
Fuente: eleconomista
