El cuidado del medio ambiente es algo en el que todos sin excepción debemos trabajar, el desastre ambiental está a la vista y obviamente todo eso tiene un impacto en las economías del mundo, y por ende en nuestros bolsillos, pero hay un camino más para ayudar a preservar la ecología y es vía la denuncia, pero no por delitos ambientales, sino por obtener recursos de procedencia ilícita.
Son pocos los países en donde la lucha contra el lavado de capitales no suele formar parte del diálogo de políticas públicas sobre protección del medio ambiente, reconoce el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y es algo que puede incluirse y ser más visible, y en el cual, en el caso de México, pudiera ser un tema en donde hay un amplio campo para trabajar.
En estos días fue dado a conocer el análisis realizado por FATCA (La ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativa a Cuentas en el Extranjero) sobre el tema, en donde explica la necesidad de que aquellos países, como pudiera ser el caso de México, deben abordar más los temas de los delitos ambientales y no solo verlos como un problema de conservación, sino como un delito financiero grave, en donde se muestre el lavado de dinero que hay, por ejemplo, en extracción en minas ilegales o tala clandestina de árboles que generan ingresos que no son reportados.
Sin embargo, el estudio que fue presentado en todos lados y que poco se conoció en México se explica que hace falta relaciones de trabajo más efectivas y circuitos de retroalimentación entre las fuerzas del orden y autoridades de protección ambiental, pues en el estudio que realizaron se mostró que quienes están involucrados en delitos ambientales frecuentemente confían en la mezcla de bienes legales e ilegales para ocultar su origen ilícito y enmascaran la naturaleza de los procedimientos cuando hay comercio y contrabando transfronterizo para ocultar por ejemplo, bienes y activos de la tala ilegal, minería ilegal y tráfico de residuos, sin que se conozca que sea un motivo de seguimiento entre autoridades encargadas de la prevención del lavado de dinero.
Al menos en México, los casos públicos hasta hoy conocidos están enfocados en otras áreas, pero no descartemos que por ahí tengan alguna investigación con esta vertiente de delitos ambientales, lo que sí es un hecho, es que esto puede abrir la oportunidad a que más denuncias prosperen con este enfoque y con ello se protejan mucho más los bosques y suelos del país.
En el análisis de GAFI se reconoce que la mayoría de los países no han considerado los riesgos del lavado de dinero que plantean los delitos ambientales dentro de sus evaluaciones de riesgo nacionales, incluidas las que se producen en el extranjero. Sin embargo, el tráfico de metales preciosos, piedras, madera y desechos se produce a escala mundial.
Otro punto, explican, es que los países deben garantizar la plena implementación de los estándares del GAFI como herramienta eficaz para interrumpir el blanqueo de los delitos ambientales. Esto incluye asegurar que las unidades de inteligencia financiera, tengan suficientes poderes y capacidad operativa para investigar y rastrear activos desde la visión de los delitos ambientales, lo que abre la interrogante si en México hay la capacidad y el interés en este tema, y en el que quizás grupos ambientalistas debían enfocarse más para apoyar las investigaciones sobre estas cuestiones; lo más importante al final es que si se logra fortalecer el diálogo entre el sector público y privado para compartir información sobre riesgos e iniciativas de organización o industria para fortalecer la debida diligencia de las cadenas de suministro y sus finanzas en temas ambientales, se podría llegar a tener en el corto y mediano plazo equipos que puedan contribuir a cuidar el medio ambiente y combatir los delitos que se generan en esas áreas de manera más eficaz, la pregunta es ¿hay interés de las autoridades mexicanas en este tema?, ojalá y sí por el bien de todos.
Y en el otro lado de la moneda, semana en la que las Afores nuevamente estuvieron en el centro de la atención por los 24 años que cumplieron, el BID incluso reconoció los avances logrados ya que han trabajado en el país en ese tema cinco años, y aún hay mucho por hacer; lo único como siempre algunos comentarios fuera de lugar de las mismas autoridades reguladoras del sistema, en donde a veces la prudencia parece no ser lo suyo. Por lo pronto, la moneda está en el aire.
Autor: Jeanette Leyva Reus
Fuente: elfinanciero
