El control del territorio nacional por parte del crimen organizado, su fortalecimiento, y diversificación de las actividades delictivas, si bien empezó a manifestarse en años anteriores, se ha profundizado gravemente desde 2019. Esto, ante la capitulación abierta, complicidad, incapacidad o ineptitud de los aparatos gubernamentales de seguridad, destacadamente, la Guardia Nacional. En los primeros cuatro años del gobierno del presidente López se ha acumulado un récord de casi 160 mil asesinatos, sin contar un número indeterminado de desapariciones, o de homicidios sin cuerpo de delito. Esto representa un incremento de 90% con respecto a las cifras registradas en los primero cuatro años del gobierno del presidente Calderón. Los carteles de la droga han logrado evolucionar exitosamente. De traficar esencialmente con mariguana, heroína y cocaína en los años 80´s han mutado al tráfico de drogas sintéticas letales como el fentanilo (cuyos precursores se importan de China), y las metanfetaminas. El negocio del fentanilo es increíblemente rentable, lo que permite al crimen financiar su crecimiento en espacios cedidos por el gobierno. (“Abrazos, no Balazos”). El número de grupos criminales significativos se ha incrementado de 76 en 2010, a más de 200 en la actualidad, al tiempo que el presidente López ha constreñido la colaboración con la DEA. Más allá del tráfico de drogas, el crimen ha incursionado con éxito en una amplia variedad de negocios ilícitos, y logrado el control territorial en vastas zonas del país, en un contexto de violenta competencia criminal.
La extorsión es ahora su mayor fuente de ingresos, después del tráfico de drogas, lo que ocurre y se desarrolla (sólo puede ser así) en un marco de dominio territorial de regiones, pueblos, y ciudades. En 2022 se duplicó el número de mexicanos que reportaron haber pagado extorsión a los criminales. La extorsión a empresas y pequeños negocios adquiere la forma de verdaderos “impuestos” cobrados por criminales. El aguacate en Michoacán es caso preclaro; su exportación, controlada por criminales, asciende a más de 3 mil millones de dólares anuales, además de que los productores pagan una cuota de 10 mil pesos por hectárea a la Familia Michoacana. Lo mismo ocurre con los productos pesqueros en Sinaloa, Sonora, Baja California y BCS, donde los delincuentes hacen una intermediación forzosa de la pesca, e incluso exportan (incluyendo el buche de Totoaba) y venden a restaurantes y mercados. El tráfico de migrantes – y su secuestro y extorsión – es otro sector muy rentable para el crimen, habiendo desplazado a los “coyotes” (traficantes a pequeña escala) por los altos costos de la actividad, y el crecimiento explosivo en el número de migrantes. Los casos cada vez más frecuentes de desaparición de niñas y jóvenes tienen como explicación, en buena medida, el gran negocio de la trata de personas para la prostitución. Los criminales están en Michoacán, también, en la minería, en la producción de hierro y su exportación a través del puerto de Lázaro Cárdenas, mientras acaparan la explotación de bosques en Durango y Chihuahua y en estados del sur del país, desquiciando instituciones locales de manejo forestal sustentable. En Jalisco y Nayarit están a cargo de la expansión acelerada de plantaciones de agave azul para la producción de tequila, causando con ello una brutal deforestación. El tráfico de fauna silvestre hacia China ha alcanzado cifras sin precedente, lo que pone a muchas especies al borde la extinción. Los petrolíferos son otro activo sector de actividad criminal a través de la perforación de ductos de PEMEX, robo a gran escala de combustibles (“huachicol”), que llega a 24 mil barriles diarios, y de su comercialización impune en las carreteras del país, cada vez más, en manos del crimen organizado. En ellas, además, el robo masivo al transporte le genera miles de millones de pesos; entre 2000 y 2022 ocurrieron más de 13 mil asaltos al autotransporte de mercancías, principalmente, en autopistas del centro – norte del país.
Los grupos criminales corroen al Estado y a la Sociedad, desde el control del territorio. (Como el propio presidente López lo ha reconocido, e incluso celebrado esta semana). La corrupción se magnifica y las instituciones se pervierten; la inversión privada y las actividades económicas legales se ahuyentan, y la economía decae. El crimen organizado se ha constituido en una verdadera insurgencia criminal (sobre todo en Guerrero, Oaxaca y Chiapas), y en un poder de control político, cada vez más imbricado con organizaciones subversivas, y con las sociedades locales (delincuencia social), policías “comunitarias”, y policías y gobiernos municipales, que les otorgan contratos, concesiones y licencias. Lo peor; los criminales se han aliado con el partido en el poder (Morena), tal como fue patente en las elecciones del 2021 en numerosas entidades federativas, donde operaron abiertamente en favor del oficialismo. Es el fracaso de la Guardia Nacional y de toda la “política” (hay que llamarle de alguna forma) de seguridad; lápida mortal para México. Escalofriante.
Fuente: eleconomista
